Héctor Bustamante, Subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia de San Juan, salió al cruce de la Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, quien el 30 de enero del corriente pidió la suspensión de la intervención del clima mediante el uso de sistemas rompetormentas, también llamados cañones antigranizo.
El funcionario destacó que “se ha hecho un trabajo exhaustivo para buscar las medidas posibles para solucionar esta situación, producto del “cambio climático” y la crisis hídrica que afecta no sólo a la provincia de San Juan.” Agregó también que “hemos tratado de avanzar con los productores para proyectarnos de que, en un futuro, de existir, haya un mecanismo de regulación, no sólo en San Juan, sino en el país». Por lo pronto, el tema se está tratando simultáneamente en tres provincias diferentes.
En San Luis, la respuesta gubernamental frente al reclamo de productores y vecinos de distintas localidades, consistió en abrir un formulario de denuncia que registra todos los datos de los productores afectados; cabría preguntar con qué fines. Hoy jueves 8/2 tendrá lugar en Nono, en la zona norte de Traslasierra, Córdoba, una mesa interdisciplinaria de trabajo junto con legisladores provinciales para abordar el tema.
En vista de todo esto, queda a las claras que la intención de algunos funcionarios es legislar para regular el uso de estos sistemas, y por tanto legalizar y blanquear estas prácticas clandestinas que atentan contra el medio ambiente y las economías de los pequeños productores, los habitantes de la zona en general, los ecosistemas; en suma, contra la vida, y que deben enmarcarse como delitos. Las ganancias que generan los grandes latifundios que utilizan tecnologías de control de las precipitaciones son demasiado cuantiosas como para que las provincias pretendan renunciar a ellas poniéndole palos en la rueda a sus modelos productivos. Resulta conveniente entonces culpar a agentes externos, como el “cambio climático” o la crisis hídrica que, según funcionarios como Bustamante, no pareciera tener nada que ver con la manipulación artificial del clima que se hace en su provincia.
Desde el Movimiento Cielos Limpios nos oponemos a que nuestra lucha contra la modificación artificial del clima caiga en manos de funcionarios públicos que pretenden, basándose en la buena voluntad y el coraje de productores y vecinos, servir ya no a los intereses del pueblo, sino a los de ciertos sectores productivos influyentes a quienes les vendría bien que estas actividades queden reguladas -y por tanto, legalizadas- por legislaciones.
Debemos estar alerta y unidos para que estas acciones lleven, no a una regulación, sino a la prohibición absoluta de estas prácticas, cuyo impacto ambiental nos afecta a todos. No se trata de intervenir el clima “un poquito” o “a tanta distancia” o “en determinadas circunstancias”. Se trata, lisa y llanamente, de no hacerlo, por tratarse de sistemas complejos y que aún al día de hoy, desde el ámbito científico, se cuestiona la ética y “efectividad” de estas prácticas.
Texto y diseño: Movimiento Cielos Limpios Argentina